La utilización de estos recursos a coste cero da origen a un fallo de mercado, porque los individuos o empresas carecerán e incentivos para invertir en su mejora o renovación, los sobreexplotarán y acabarán exponiéndolo al riesgo de desaparición.
Ciertamente, las empresas o los individuos que exploten estos recursos lo harán en función de los beneficios y de los costes individuales de sus actividades sin tener en cuenta que, por tratarse de recursos cuantitativamente limitados, un uso excesivo de los mismos perjudicará a otros posibles usuarios o beneficiarios. Estas deficiencias del sistema de economía de mercado vuelven de nuevo a precisar de la intervención Pública para conseguir el reajuste óptimo entre la producción/consumo total y las presencias sociales.
Tres son, básicamente, las formas en que el Sector Público puede tratar de lograr el nivel de explotación óptimo de un recurso de propiedad común:
- La división del recurso de propiedad común entre individuos o empresas
- Regulación. (licencias, etc…)
- Imposición. (impuesto sobre las capturas…)