Principio del beneficio

derechoSe propone lograr una equivalencia entre los impuestos pagado por el contribuyente y los beneficios recibidos del estado; esto es, los impuestos deberían ser proporcionales a la utilidad que cada sujeto obtuvieres por los servicios públicos. La lógica es ser una copia de la formación de los precios realizada en la economía privada.

Este principio fue el primeramente usado para repartir al carga por impuestos. No obstante no proporciono una regla operativa para la practica fiscal y no fue hasta 1870 con la aparación de la teoría de la utilidad marginal que se dio a conocer una segunda interpretación del principio conocida como cambio voluntario. Esta no persigue la equidad del sistema financiero, sino el equilibrio económico.

Esta interpretacion constituyo la base del del marginalismo financiero (escuela de la Scienza delle Finanze y economistas de Austria y Estocolmo). Estos autores proponen trasplantar el esquema de la formación de los precios del sistema privado al publico, transformando los impuestos en pseudoprecios, es decir, como el precio de los servicios públicos en correspondencia con la demanda de los contribuyentes.

El gran problema es que los bienes públicos no formulan demanda, ni esta se conoce ni expresan la utilidad que derivan de estos bienes o servicios.

Desde esta óptica no cabe duda de que servicios como el de abogados en la ciudad de Málaga es una ventaja para reclamar nuestros derechos sobre los bienes públicos. No hay que olvidar que estos han estado sometidos históricamente a uso desregulado y la creciente proliferación de derecho público ha hecho que actualmente estén sometidos a una jurisdicción que evita casos de uso descontrolado.

Wicksell contempló la perspectiva política del asunto y defendió la utilización de este principio al amparo de que las preferencias individuales pueden manifestarse a través del sistema de votaciones; si los individuos están de acuerdo o no en la provisión de una determinada cantidad de bien publico.

La aplicación del principio plantea plantea problemas en los bienes públicos puros y en la mayoría de los impuros. Por definición un bien publico puro es un bien no rival y excluyente.

Por tanto, al no poder restringir su uso previo pago, de deberían conocer perfectamente las preferencias de cada uno de los indiciduos para exigirles el pago (impuesto) por su uso. En la practica el sistema de votaciones no revela exactamente las preferencias ya que aunque se podría aprobar el gasto, algunos individuos estarían dispuestos a pagar mas que otros, por lo que ninguna fuente de financiación seria plenamente eficiente.

En los impuros, donde es posible la exclusion, este principio si es factible (autopistas con peaje). Aunque no es del todo eficiente, como el caso de una autopista no congestionada. Porque su consumo (utilización) del bien es no rival, la incorporación de un individuo (usuario) adicional tendria un coste marginal social cero, por lo que la no exclusión de su consumo (utilización) de los individuos que no la consumen (utilizan), porque la valoran por debajo de su precio conduciría a un aumento de la bienestar social.

Un caso distinto es el de los bienes privados provistos por el estado. Si es por motivos redistributivos la aplicación del principio anularía la redistribución (educación) y si fuera por motivos de eficiencia podríamos aplicar el principio de forma eficiente (monopolio natural (gas, electricidad, agua) o ausencia de mercados (determinados seguros)).

En la practica el principio se aplica a los precios públicos, cánones, tasas (suelen aproximarse al principio) y otras demandas particulares. En los impuestos se utiliza a través de una doble vía:

  1. La vía generacional, la cual consiste en el reparto de los costes de las obras y servicios públicos cuya duración excede a una generación. La generación actual paga la parte que se calcula de los beneficios que va a obtener y las futuras de las misma forma.
  2. La vía del ámbito espacial, se aplica a los servicios cuyos beneficios se distribuyen desigualmente en las distintas zonas o áreas de una jurisdicción cualquiera; consiste en distribuir los costes de esos servicios entre las distintas áreas de acuerdo a los beneficios obtenidos por cada una de ellas.

El ya mencionado servicio de abogadosmalaga.com, de nuevo, supone de nuevo una manera de imponer nuestros derechos al sistema jurídico. En este caso, bajo el amparo de la propiedad privada, cuya titularidad queda en los tiempos que corren en entredicho.

Debe destacarse algunas ventajas derivadas de este principio. Garantiza una financiación mas estable y aporta una mayor percepción en los gestores públicos y los consumidores del coste de los bienes y servicios públicos, que puede generar una mayor eficiencia del gasto publico debido a un mayor control.

John Stuart Mill considera que la aplicación del principio lleva a un sistema fiscal regresivo toda vez que los pobres necesitan mucho mas servicios públicos que los ricos y soportarían por ello una mayor presión fiscal relativa.

Características de los bienes públicos

Tres características fundamentales diferenciadoras de los bienes públicos respecto a los privados:

  • Conjunción en la oferta
  • Imposibilidad de aplicar el principio de exclusión
  • Existencia de efectos externos

Conjunción de la oferta o no rivalidad en el consumo

Característica de indivisibilidad, que se encuentra en los escritos de los autores marginalistas continentales del cambio voluntario (es importante destacar inicialmente que la indivisibilidad característica de los bienes públicos, lo es en tanto a sujetos que pueden disfrutar de una misma unidad del bien).

Con posterioridad, tanto R.A. Musgrave (1969) como Peston (1972) ha tan referido la misma propiedad como la no rivalidad en el consumo, en el sentido de que si un sujeto i consume un bien público, esto no impide el consumo de otro sujeto j del mismo bien en igual cantidad.

El problema esencial de la conjunción en la oferta es que la utilización del bien por un sujeto adicional no eleva los costes, esto es, los costes marginales de utilización por un sujeto adicional son nulos.
Para P. A. Samuelson, en fin, la conjunción en la oferta es la nota esencial que caracteriza a los bienes que él denomina colectivos.

La no aplicación del principio de exclusión

EI funcionamiento del mercado respecto a los bienes privados se hace operativo a través del llamado principio de exclusión (esto es, todo sujeto que no pueda o no quiera pagar el precio de un bien o servicio se verá excluida de su utilización o disfrute). Fuerza al sujeto a mostrar sus preferencias por medio del precio.

R. Musgrave (1959) ha sido quien más ha insistido en el hecho de que en los bienes públicos el principio de exclusión no es aplicable.

Posibles interpretaciones:

  • Imposibilidad física de exclusión: la simple existencia y pertenencia  de un individuo a un grupo implica el disfrute del bien (defensa nacional, medio ambiente…)
  • Imposibilidad técnica: físicamente cabría una posibilidad de excluir de su disfrute a quienes no pagasen el precio correspondiente, pero o bien el estado de la técnica no permite tal exclusión o bien comportaría grandes costes (uso de la vía pública..)
  • La inaplicabilidad estricta del principio de exclusión: Se trata de bienes en los que se produce una suerte de oferta del tipo «sin posibilidad de ajuste cantidad-precio».

Efectos Externos
En los bienes públicos la existencia de externalidad positiva en el consumo se presenta en toda su extensión.
Un bien público polar es una pura externalidad, en el sentido de que la utilidad de un sujeto A aumenta por el consumo de un bien X por parte de otro sujeto B en la misma medida en que aumentaría si fuese el propio sujeto A quien consumiera el bien X.

Recursos de propiedad común

Fuente igualmente importante de deseconomías externas es la utilización de los recursos de propiedad común, que son aquellos bienes o factores productivos a los que todos los individuos tiene acceso libre (no es necesario pagar por ellos) pero que se hallan limitados en cantidad (bancos de pesca, animales salvajes, recursos minerales…)

La utilización de estos recursos a coste cero da origen a un fallo de mercado, porque los individuos o empresas carecerán e incentivos para invertir en su mejora o renovación, los sobreexplotarán y acabarán exponiéndolo al riesgo de desaparición.

Ciertamente, las empresas o los individuos que exploten estos recursos lo harán en función de los beneficios y de los costes individuales de sus actividades sin tener en cuenta que, por tratarse de recursos cuantitativamente limitados, un uso excesivo de los mismos perjudicará a otros posibles usuarios o beneficiarios. Estas deficiencias del sistema de economía de mercado vuelven de nuevo a precisar de la intervención Pública para conseguir el reajuste óptimo entre la producción/consumo total y las presencias sociales.

Tres son, básicamente, las formas en que el Sector Público puede tratar de lograr el nivel de explotación óptimo de un recurso de propiedad común:

  • La división del recurso de propiedad común entre individuos o empresas
  • Regulación. (licencias, etc…)
  • Imposición. (impuesto sobre las capturas…)

Instrumentos para la actuación pública

Cuatro son los principales instrumentos de que dispone el Sector Público para intervenir en la economía:

  • La regulación directa del mercado, por la vía de los precios o de las cantidades.
    La aplicación de medidas de este tipo para internalizar los efectos externos no está sin embargo, exenta de problemas. Para su correcta aplicación, el Sector Público debe conocer las curvas de coste o beneficio externo marginal.
    Por otro lado, las cantidades o los precios adecuados para lograr el nivel óptimo de asignación pueden no ser los mismos para todos los agentes que operan en el mercado.
  • Un sistema de impuestos o transferencias, con cuyo concurso se gravaría a quienes contaminasen o se subvencionaría quines no lo hiciesen.
    La utilización de estos impuestos fue propuesta originalmente por A. C. Pigou, lo que explica que se les conozca también como impuestos pigouvianos (figura impositiva que grava cada unidad de producción de la empresa contaminadora en una cantidad igual al daño marginal causado por la producción de esa unidad del bien).
    La otra alternativa consistiría en la concesión de subvenciones por no contaminar. Pero esto puede provocar deslocalizaciones hacia la zona beneficiaria o cambios de actividad, además de un aumento en el gasto público por lo que  entre ambos instrumentos públicos, los hacendistas parezcan decantarse claramente por la imposición.
  • Un sistema de derechos de contaminación (también conocidos como permisos o títulos de contaminación negociables). Estos títulos, que serían transferibles (podrían venderse y comprarse) garantizaría un nivel máximo de contaminación.
  • Falta de delimitación de los derechos de propiedad. En síntesis, de acuerdo con R. H. Coase (1960), si los derechos de propiedad estuviesen correctamente definidos, el problema se reduciría a un proceso de negociación en el que las partes afectadas podrían llegar a un acuerdo que reflejaría una asignación óptima de recursos, sin necesidad de intervención pública. La externalidad podría así concebirse como una consecuencia de una falta de definición de los derechos de propiedad.

Tipos de externalidades

Suele ser común distinguir entre los efectos externos de consumo y de producción. Efectos externos de Consumo: el consumo de un bien por un sujeto eleva o disminuye la utilidad de otros sujetos, pudiendo hablar de efectos externos positivos o negativos (también de economía o deseconomía externa) de consumo.
Los ejemplos más socorridos de economía externa los constituyen los casos de a educación y la salud pública.

El gasto en educación eleva indudablemente la utiIidad de quien lo realiza. El servicio de educación es divisible y vendible, rinde utilidades separadamente a quien lo demanda, excluyendo de su directo disfrute a las personas que no realizan el desembolso del precio correspondiente.  Sin embargo, las utilidades generadas por el gasto en el servicio educativo no afluyen en su totalidad al consumidor que realiza su demanda. Son muchos los que se benefician gratuitamente del gasto del consumidor en educación (mano de obra instruida, convivencia democrática…)

Por lo que si los servicios educativos se encomiendan a la empresa privada existirá un déficit productivo ya que no prestaran más servicios educativos que los que demandan los consumidores por los beneficios directos que les aporta. Los beneficios y utilidades indirectos (sobre otros sujetos) no impulsaran a una mayor prestación de servicios educativos por parte de la empresa privada

Situación similar se alcanza en los gastos que promueve la salud pública.

Efectos externos de producción: Ia producción de un bien puede afectar los costes de otras empresas reduciéndolos (elevándolos) y a la utilidad de los consumidores aumentándola (reduciéndola).

  • Economía externa = reducción del coste y aumento de la utilidad
  • Deseconomía externa = elevación del coste y reducción de la utilidad.

El ejemplo de economía externa más corriente es el de las invenciones e innovaciones tecnológicas. Todas las utilidades que se derivan de este proceso no serían obtenidas por la empresa que realizó el invento, si el Sector Público no amparase esta especial producción mediante una regulación minuciosa.

Los ejemplos aludidos de producciones que originan deseconomías externas son los  de la contaminación del aire o el agua ocasionada por algunas actividades productivas, que tienen un coste importante para los consumidores y para otros productores pero que, sin embargo, no se recogen en los costes de la empresa que provoca tales perturbaciones.

Externalidades

El concepto de externalidad o efecto externo implica la existencia de interacciones entre las funciones de bienestar de distintos sujetos, de tal forma que la producción o consumo de un bien X por parte de un sujeto entrañará un incremento o disminución de la productividad o utilidad de cualquier otro sujeto, sin que este efecto se produzca a través del sistema de precios del mercado.

Por externalidades o efectos externos ha de entenderse, en otras palabras, los efectos originados por la producción o el consumo de un bien sobre el bienestar de otros agentes distintos de sus productores o consumidores originales, sin que esta interdependencia tenga reflejo en los precios (externalidades tecnológicas). Externalidades pecuniarias son aquellas que sí se reflejan en los precios.

Un requisito importante para que existan estos efectos externos es, que estos no se produzcan como consecuencia del pago de un precio. Todos estos casos se caracterizan por que no existe externalidad y no es necesaria la intervención del Sector Público, ya que la asignación de recursos que realiza el mercado es eficiente