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Principio del beneficio

derechoSe propone lograr una equivalencia entre los impuestos pagado por el contribuyente y los beneficios recibidos del estado; esto es, los impuestos deberían ser proporcionales a la utilidad que cada sujeto obtuvieres por los servicios públicos. La lógica es ser una copia de la formación de los precios realizada en la economía privada.

Este principio fue el primeramente usado para repartir al carga por impuestos. No obstante no proporciono una regla operativa para la practica fiscal y no fue hasta 1870 con la aparación de la teoría de la utilidad marginal que se dio a conocer una segunda interpretación del principio conocida como cambio voluntario. Esta no persigue la equidad del sistema financiero, sino el equilibrio económico.

Esta interpretacion constituyo la base del del marginalismo financiero (escuela de la Scienza delle Finanze y economistas de Austria y Estocolmo). Estos autores proponen trasplantar el esquema de la formación de los precios del sistema privado al publico, transformando los impuestos en pseudoprecios, es decir, como el precio de los servicios públicos en correspondencia con la demanda de los contribuyentes.

El gran problema es que los bienes públicos no formulan demanda, ni esta se conoce ni expresan la utilidad que derivan de estos bienes o servicios.

Desde esta óptica no cabe duda de que servicios como el de abogados en la ciudad de Málaga es una ventaja para reclamar nuestros derechos sobre los bienes públicos. No hay que olvidar que estos han estado sometidos históricamente a uso desregulado y la creciente proliferación de derecho público ha hecho que actualmente estén sometidos a una jurisdicción que evita casos de uso descontrolado.

Wicksell contempló la perspectiva política del asunto y defendió la utilización de este principio al amparo de que las preferencias individuales pueden manifestarse a través del sistema de votaciones; si los individuos están de acuerdo o no en la provisión de una determinada cantidad de bien publico.

La aplicación del principio plantea plantea problemas en los bienes públicos puros y en la mayoría de los impuros. Por definición un bien publico puro es un bien no rival y excluyente.

Por tanto, al no poder restringir su uso previo pago, de deberían conocer perfectamente las preferencias de cada uno de los indiciduos para exigirles el pago (impuesto) por su uso. En la practica el sistema de votaciones no revela exactamente las preferencias ya que aunque se podría aprobar el gasto, algunos individuos estarían dispuestos a pagar mas que otros, por lo que ninguna fuente de financiación seria plenamente eficiente.

En los impuros, donde es posible la exclusion, este principio si es factible (autopistas con peaje). Aunque no es del todo eficiente, como el caso de una autopista no congestionada. Porque su consumo (utilización) del bien es no rival, la incorporación de un individuo (usuario) adicional tendria un coste marginal social cero, por lo que la no exclusión de su consumo (utilización) de los individuos que no la consumen (utilizan), porque la valoran por debajo de su precio conduciría a un aumento de la bienestar social.

Un caso distinto es el de los bienes privados provistos por el estado. Si es por motivos redistributivos la aplicación del principio anularía la redistribución (educación) y si fuera por motivos de eficiencia podríamos aplicar el principio de forma eficiente (monopolio natural (gas, electricidad, agua) o ausencia de mercados (determinados seguros)).

En la practica el principio se aplica a los precios públicos, cánones, tasas (suelen aproximarse al principio) y otras demandas particulares. En los impuestos se utiliza a través de una doble vía:

  1. La vía generacional, la cual consiste en el reparto de los costes de las obras y servicios públicos cuya duración excede a una generación. La generación actual paga la parte que se calcula de los beneficios que va a obtener y las futuras de las misma forma.
  2. La vía del ámbito espacial, se aplica a los servicios cuyos beneficios se distribuyen desigualmente en las distintas zonas o áreas de una jurisdicción cualquiera; consiste en distribuir los costes de esos servicios entre las distintas áreas de acuerdo a los beneficios obtenidos por cada una de ellas.

El ya mencionado servicio de abogadosmalaga.com, de nuevo, supone de nuevo una manera de imponer nuestros derechos al sistema jurídico. En este caso, bajo el amparo de la propiedad privada, cuya titularidad queda en los tiempos que corren en entredicho.

Debe destacarse algunas ventajas derivadas de este principio. Garantiza una financiación mas estable y aporta una mayor percepción en los gestores públicos y los consumidores del coste de los bienes y servicios públicos, que puede generar una mayor eficiencia del gasto publico debido a un mayor control.

John Stuart Mill considera que la aplicación del principio lleva a un sistema fiscal regresivo toda vez que los pobres necesitan mucho mas servicios públicos que los ricos y soportarían por ello una mayor presión fiscal relativa.


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Sábado 22 Feb 2014
En Hacienda pública
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